El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha hecho entrega hoy a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del informe sobre "denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos". Este informe extraordinario fue encargado por la Cámara Baja en marzo de 2022 a través de la aprobación de una proposición no de ley y, una vez entregado, se tramitará de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara y otras normas parlamentarias.

En el acto de entrega del informe, que se ha celebrado en el Salón de los Pasos Perdidos, también han asistido, entre otros, la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril; la adjunta segunda, Patricia Bárcena; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

El 10 de marzo de 2022, durante la XIV Legislatura, la Cámara Baja encomendó al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en la Constitución, la creación de "una Comisión independiente, presidida por él, con el encargo de elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos".

En una proposición no de ley aprobada por el Pleno, el Congreso fijaba como objetivo de la Comisión, "formada por personas expertas", el "contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas, y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes".

Dicho informe debía ser remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España. Al día siguiente del pronunciamiento del Pleno, el Defensor del Pueblo asumió la encomienda de la Cámara Baja.

Tramitación parlamentaria

Una vez las Cortes Generales han recibido los informes anuales o extraordinarios del Defensor del Pueblo, y de acuerdo con la Resolución de las Mesas del Congreso y del Senado de 21 de abril de 1992, estos se tramitan en Comisión Mixta "con carácter previo a su debate en los Plenos de las Cámaras". 

El debate en comisión comienza con la exposición general del Informe por parte del Defensor del Pueblo, que va seguida de las intervenciones de los grupos parlamentarios, con un tiempo máximo de diez minutos "para formular preguntas o pedir aclaraciones".

Posteriormente los informes son objeto de debate en Pleno. El Defensor del Pueblo expone un resumen del informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 200 del Reglamento del Congreso. Tras esta intervención, los grupos parlamentarios pueden fijar su posición por tiempo máximo de quince minutos. Con motivo de este asunto, "no podrán presentarse propuestas de resolución, sin perjuicio de las iniciativas reglamentarias que puedan proponerse", según añade la resolución de la Presidencia del Congreso de 1992.